Preguntas frecuentes sobre la ley de insolvencia

Una vez el centro de conciliación o la notaría acepta la solicitud, los procesos ejecutivos en curso se suspenden, incluido el remate, y no se pueden iniciar procesos nuevos. Por eso es importante presentar la solicitud antes de que se realice el remate. El objetivo es llegar a un acuerdo de pago que le permita conservar la vivienda.

Sí, mientras el remate no se haya realizado. La solicitud debe radicarse y ser aceptada antes de la diligencia para que el juzgado suspenda el proceso, por lo que debe actuar de inmediato y con los documentos completos.

La insolvencia no deshace un remate ya realizado y aprobado. Si el remate ya ocurrió, las alternativas dependen de la etapa exacta del proceso y deben revisarse caso por caso.

El banco participa como un acreedor más y vota el acuerdo. La propuesta de pago se diseña para que usted normalice las cuotas atrasadas y siga pagando el crédito en condiciones que su ingreso permita.

Debe ser persona natural no comerciante o pequeño comerciante, y estar en cesación de pagos: tener dos o más obligaciones con dos o más acreedores en mora de más de 90 días, o dos o más procesos de cobro en su contra, que representen al menos el 30 % del total de sus deudas, según la Ley 2445 de 2025.

La ley exige obligaciones incumplidas con dos o más acreedores, o dos o más procesos de cobro. Si solo tiene una deuda con un acreedor, en principio no cumple el requisito, pero conviene revisar su caso completo: muchas personas tienen además tarjetas, libranzas u otros créditos.

Sí. La ley aplica a cualquier persona natural que no sea comerciante, sin importar si es empleada, independiente o pensionada. Desde 2025 también pueden hacerlo los pequeños comerciantes con activos inferiores a 1.000 salarios mínimos.

La negociación de deudas dura 60 días desde que queda en firme la aceptación de la solicitud, prorrogables por 30 días más. Si se logra el acuerdo, usted paga según los plazos pactados, que por regla general pueden llegar hasta 5 años.

Ante un centro de conciliación autorizado o una notaría. La Ley 2445 de 2025 permite adelantarlo de forma virtual cuando el centro o la notaría cuenta con la tecnología adecuada.

Si no se logra el acuerdo en el plazo legal, o si después se incumple, el caso puede pasar a liquidación patrimonial ante un juez. Por eso evaluamos antes de radicar si hay una propuesta viable y cuál es el riesgo para su vivienda.

Con la reforma de 2025, desde el inicio del procedimiento se suspenden los descuentos automáticos de nómina, salvo los de obligaciones alimentarias.

Sí. El inicio del procedimiento de insolvencia se informa a las centrales de riesgo. Sin embargo, si ya está en mora, normalmente ya tiene reportes negativos; la insolvencia le permite ordenar sus deudas y ponerse al día con un plan realista.

La insolvencia protege al deudor que la solicita. Los acreedores conservan, en principio, sus derechos frente a codeudores, fiadores y avalistas, por lo que conviene revisar su situación desde el inicio.

La Ley 2445 de 2025 prohíbe que los empleadores usen el procedimiento de insolvencia como criterio para contratar o despedir a una persona.

La primera evaluación de su caso es gratuita y sin compromiso. Si decide avanzar, le explicamos por escrito los honorarios y los costos del trámite ante el centro de conciliación o la notaría antes de empezar.

Nos enfocamos en Bogotá, con atención virtual y reuniones con cita. Si su proceso está en otra ciudad, escríbanos y le diremos si podemos acompañarlo.

Nunca le pediremos dinero para evaluar su caso ni le prometeremos resultados garantizados. Le explicamos el procedimiento con base en la ley vigente, usted puede verificar su proceso en la consulta pública de la Rama Judicial y todo acuerdo de honorarios se hace por escrito.